3.2 Transgresiones a normas y principios éticos
Meritocracia:
Se vulnera el principio de meritocracia al reducir los requisitos técnicos para
el acceso a la junta directiva sin un sustento técnico claro, lo que permite el
ingreso de personas que no necesariamente cumplen con el perfil profesional
requerido. Esta acción debilita los estándares de calidad y competencia
exigibles a los máximos órganos de dirección.
Rendición
de cuentas:
Las decisiones adoptadas no fueron comunicadas ni justificadas ante los grupos
de interés, y no se evidenció un proceso de consulta o evaluación previa. Esta
omisión refleja una falta de responsabilidad institucional frente a los
stakeholders y compromete la confianza en el proceso de toma de decisiones.
Justicia
organizacional:
Las reformas efectuadas afectó los derechos de otros candidatos o profesionales
que sí cumplían con los requisitos previamente establecidos, pero que no fueron
considerados. Ello genera un trato desigual e injusto, contrario a los
principios de equidad y objetividad en la gestión del talento directivo.
Legalidad
y confianza pública:
Aunque no se configura una ilegalidad formal, se transgrede el espíritu
de la normativa vigente, que tiene como propósito salvaguardar la
institucionalidad, independencia y profesionalismo en la gestión de empresas
públicas. Esta situación erosiona la confianza de la sociedad y afecta la
percepción de legalidad.
Transparencia:
Se evidencia una vulneración al principio de trasparencia, al no documentarse
ni divulgarse adecuadamente los fundamentos técnicos y estratégicos que
justificaron las modificaciones adoptadas.
Independencia:
Se compromete la independencia de la Junta Directiva, al facilitar el ingreso
de personas con posibles conflictos de interés o afinidades políticas, lo que
debilita su capacidad de supervisión objetiva e imparcial.
Desconocimiento
de políticas internas y marcos éticos:
Las decisiones contradicen los códigos de ética, políticas internas y
principios superiores que la propia organización ha establecido, afectando su
coherencia institucional y credibilidad.
Deber Mandatorio:
Existe un riesgo potencial de incumplimiento del deber mandatorio por parte de
los directivos quienes toman las decisiones, al no anteponer el interés general
de la organización frente a posibles intereses particulares o ajenos a su
misión.
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