Caso Ecopetrol – Análisis Ético en el Gobierno Corporativo- Segunda Parte

 

3.1 PROBLEMAS ÉTICOS

3.1.1 Cambios en requisitos de experiencia

Uno de los hechos más polémicos fue la decisión de modificar los requisitos mínimos de experiencia profesional para ser miembro de la junta directiva, reduciendo el umbral exigido de 15 a 12 años. Esta decisión fue tomada sin argumentos técnicos claros, si bien puede parecer un cambio menor, en la práctica esta decisión facilitó el nombramiento de personas que anteriormente no habrían cumplido con los requisitos establecidos, lo que abre la posibilidad de incorporar perfiles con menor idoneidad y preparación para ejercer una función de alta responsabilidad y complejidad.

Problema ético: La modificación careció de sustento técnico y no respondió a un diagnóstico que justificara su pertinencia o necesidad, Por el contrario, todo indica que la modificación fue diseñada para favorecer intereses particulares, lo cual representa una vulneración a los principios de meritocracia, profesionalismo y responsabilidad fiduciaria que debe regir el funcionamiento de los órganos de gobierno.

 

3.1.2 Reemplazos abruptos en la junta Directiva:

Un segundo hecho relevante que genera preocupación es el cambio simultaneo de cinco miembros de la junta directiva, una decisión que rompe con las buenas prácticas de gobernanza, las cuales recomiendan realizar reemplazos de forma progresiva para preservar la estabilidad institucional y la memoria organizacional.

Problema ético: Se observa que varios de los nueve miembros presentan vínculos o participación activa en el ámbito político, tanto de manera personal como a través de su núcleo familiar. En algunos casos, estos vínculos incluyen el ejercicio de cargos de alto nivel, como viceministerios, lo cual pone en entredicho su independencia y genera posibles conflictos de interés.

3.1.3     Riesgo de captura política:

La incorporación de nuevos miembros a la junta directiva con vínculos directos con el poder ejecutivo, incluyendo exfuncionarios de alto nivel como exviceministros, plantea serias dudas respecto a la independencia y autonomía de dicho órgano de gobierno. Esta situación es particularmente preocupante en el contexto de decisiones que exigen un alto grado de imparcialidad técnica, tales como procesos de licitación, aprobación de alianzas estratégicas y evaluación de informes de gestión.

Problema ético: La Pérdida de independencia, la presencia de miembros con estr

echas relaciones con el poder político eleva el riesgo de que sus decisiones respondan a intereses externos o partidistas, en lugar de velar por el interés general de la organización y sus accionistas, La falta de independencia puede obstaculizar una supervisión objetiva y rigurosa de la gestión administrativa, generando un entorno susceptible a decisiones discrecionales, poco éticas o carentes de transparencia. La percepción de una junta directiva cooptada por intereses políticos deteriora la confianza de los inversionistas, clientes y la ciudadanía, afectando negativamente la percepción de riesgo crediticio y limitando el acceso a fuentes de financiación.

3.1.4     Erosión del principio de continuidad institucional

El reemplazo masivo y simultánea de varios miembros de la junta directiva rompe con las buenas prácticas de gobernanza corporativa, que recomiendan una rotación gradual y planificada. Este tipo de reemplazo abrupto compromete la estabilidad, debilita la memoria organizacional y reduce la experiencia colectiva del órgano de gobierno, elementos fundamentales para una toma de decisiones estratégica y alineada con los intereses de la organización a largo plazo.

Problema ético: Desestabilización estratégica: Cambiar de manera abrupta a una parte significativa de la junta implica una pérdida de visión estratégica acumulada. Las decisiones corporativas pierden coherencia si quienes las lideran cambian sin una transición adecuada ni justificación objetiva. Debilitamiento de la memoria institucional: Los miembros de junta acumulan experiencia sobre el contexto, los riesgos, las relaciones con grupos de interés y las decisiones previas. Al reemplazarlos de forma masiva, se rompe el hilo de aprendizaje institucional, afectando la calidad del gobierno. Riesgo de decisiones improvisadas o desinformadas: Una junta renovada de forma repentina y sin preparación previa puede incurrir en errores técnicos o juicios precipitados, afectando decisiones financieras, de sostenibilidad o de relacionamiento externo. Falta de planificación y transparencia: La manera en que se realizaron los reemplazos no responde a un plan de sucesión bien estructurado. Al contrario, se percibe como una acción mal ejecutada, sin criterios claros ni participación de los actores institucionales correspondientes.

 

3.1.5     Pérdida de legitimidad ante grupos de interés:

Las decisiones recientemente adoptadas tienen un impacto directo en la confianza del mercado y afectan negativamente la credibilidad de la compañía frente a los inversionistas, socios internacionales, socios ordinarios y la ciudadanía en general. La Percepción de una politización de una empresa que debería regirse por criterios de autonomía y profesionalismo, compromete su reputación y puede traducirse en riesgos financieros, perdida del valor estratégico y deterioro de su legitimidad como un actor económico independiente.

Problema ético: Ruptura del contrato psicológico con los stakeholders: Como empresa de carácter público, Ecopetrol está sujeta a un estándar elevado de responsabilidad social y ética corporativa. La ciudadanía y los grupos de interés legítimamente esperan que sus decisiones estratégicas estén guiadas por criterios técnicos, meritocráticos y de interés general, más no por motivaciones políticas. Cuando estas expectativas se ven vulneradas, se produce una ruptura con los stakeholders generando una desunión ética que debilita la confianza en sus órganos de gobierno. Impacto en la reputación institucional: Implica una coherencia permanente entre el discurso publico y las practicas reales. Si una organización que se compromete públicamente con principios como la transparencia, la meritocracia y la responsabilidad incurre en actuaciones que contradicen dichos valores, su reputación institucional se ve seriamente comprometida. Repercusiones económicas y sociales: La perdida de legitimidad ante la opinión publica y los mercados puede derivar en desinversión por parte de actores financieros nacionales e internacionales, potenciales conflictos sociales, especialmente si se percibe que los recursos públicos están siendo administrados con criterios políticos y no técnicos.