Conflictos de intereses:
Muchos de los nuevos miembros de la junta ostentan cargos en el Ejecutivo o tienen una relación cercana con el Gobierno actual. Esta situación plantea serios conflictos de interés, ya que sus decisiones podrían favorecer intereses políticos por encima de los financieros, sociales o estratégicos de la empresa.
Un miembro del gobierno no puede juzgar con independencia una decisión que involucra directamente al Estado como accionista.
Falta de idoneidad:
Los nombramientos políticos no siempre garantizan formación técnica sólida ni experiencia en gobierno corporativo. Al debilitar el criterio técnico en la junta, se pone en riesgo la calidad de las decisiones estratégicas, lo que puede tener consecuencias en la productividad, sostenibilidad y gobernanza de la empresa.
Intervención política indebida:
Ecopetrol es una empresa de interés nacional, no un instrumento del partido de turno. Al incluir a agentes políticos como decisores empresariales, se vulnera su autonomía técnica. Esto contradice las recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE, que promueven una clara separación entre la política y la gestión empresarial.
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